España tiene la oportunidad de convertirse en una potencia europea en la generación de biometano como gas natural renovable, reduciendo de esta forma las importaciones de gas de origen fósil. ¿La clave para conseguirlo? Un marco legislativo estable, facilitar la tramitación administrativa de los proyectos e incentivos adecuados para que el sector privado invierta en las instalaciones necesarias.
La convulsión que atraviesan los mercados energéticos, agudizada por la guerra de Ucrania y las consiguientes sanciones a Rusia como principal proveedor de la Unión Europea de hidrocarburos ─gas principalmente─ nos conduce, inexorablemente, a una crisis en nuestra cadena de producción de duración indefinida. Los países europeos tenemos la obligación de resolver este nuevo desafío, el cual presenta, entre otras difíciles características de gestión, un nivel de incertidumbre que parece que ha venido para quedarse.
El plan lanzado en marzo por la Comisión Europea bajo el nombre REPowerEU pone de manifiesto que, tras la invasión de Ucrania, «la necesidad de una rápida transición hacia una energía limpia nunca ha sido más fuerte y clara». Y para hacer frente a dicho desafío, una de las medidas clave que establece es duplicar la meta del paquete Fit for 55 para el biometano, estableciendo un nuevo objetivo de producción de 35 bcm (35.000 millones de metros cúbicos) de aquí a 2030, resaltando la importancia que para el cumplimiento de este objetivo tiene una “concesión de permisos más rápida”. Sinceramente, creo que es difícil que el mensaje de la Comisión Europea a los estados miembros sea más claro.
En este sentido, una de las medidas imprescindibles para cumplir con este mandato es optimizar la generación de biogás a partir de los residuos para su valorización y conversión en biometano como gas natural renovable. El potencial es enorme, y muy en particular, con los residuos procedentes de la recogida selectiva orgánica, una fracción considerada prioritaria desde 2015, cuando se adoptó el primer Plan de Acción de Economía Circular de la UE. Los biorresiduos suponen entre el 30 y 40% de la totalidad de los desechos urbanos. En algunas instalaciones, se aprovechan, desde hace años, para producir tanto electricidad como calor, aunque su principal uso, históricamente, consiste en la producción de compost y otros nutrientes para suelos agrícolas tras un proceso de separación de elementos no biológicos, como son los envases y otras impurezas. Además, en aquellas zonas en las que la recogida selectiva aún no está plenamente implantada, o cuando no existen las instalaciones de tratamiento adecuadas, una gran parte de la fracción orgánica de los residuos es transformada en lo que conocemos como bioestabilizado y, a menudo, utilizada como material de cubrimiento en los vertederos, una práctica que en absoluto contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la mejora de nuestra huella de carbono, la descarbonización de nuestra economía o la creación de empleo verde.
Junto a la producción de compost, una vía óptima para avanzar sustancialmente hacia estos objetivos tan fundamentales radica en la biometanización, es decir, la transformación de los biorresiduos en biogás mediante la digestión anaerobia, un proceso por el que los microorganismos descomponen el material biodegradable en ausencia de oxígeno, generando diversos gases, entre los cuales el metano es el más abundante, pero que también incorpora dióxido de carbono y otros. Este biogás, cuando es sometido a un proceso de purificación o limpieza ─denominado upgrading, y que es mucho más eficaz que el proceso de generación eléctrica, por la propia naturaleza del proceso-─ se transforma en biometano, un gas equivalente energéticamente al gas natural, pero en este caso con un origen renovable y no fósil. En definitiva, una fuente de energía limpia, perfectamente disponible para ser inyectada en la red gasista y utilizado en hogares e industrias, o bien como combustible renovable para vehículos.
En España contamos con varios casos de referencia internacional que demuestran las ventajas de esta alternativa. El principal sin duda alguna es la Planta de Tratamiento de Biogás (PTB) del Parque Tecnológico de Valdemingómez, propiedad del Ayuntamiento de Madrid y operada por PreZero, una instalación de vanguardia que, según la European Biogas Association, ocupa el cuarto lugar en la capacidad de producción de biometano en toda Europa. Ampliada recientemente, esta planta es capaz de generar hasta 180.000 MWh anuales, o lo que es lo mismo, tiene capacidad para suministrar gas a 35.000 hogares, inyectando en la red el equivalente al 2% del gas natural consumido en la ciudad de Madrid.
Otro buen ejemplo, en este caso aún en construcción, y con un origen distinto a la biometanización, está en Els Hostalets de Pierola, Barcelona, donde PreZero opera el depósito controlado de Can Mata, uno de los más grandes de España y que produce más de 40 millones de metros cúbicos de biogás bruto cada año. En este proyecto, que se convertirá en una de las primeras iniciativas de producción de gas renovable a partir de biogás procedente de un depósito controlado a escala industrial, gran parte de la energía ─que hasta ahora se ha utilizado en forma de electricidad y combustible─ será sometida a un proceso de upgrading para inyectar 70.000 MWh anuales de biometano en la red gasista, evitando la emisión de 17.000 toneladas de CO2 cada año.
Hasta un tercio de la demanda de gas fósil
España tiene la oportunidad de dejar de estar a la cola en el desarrollo de esta industria y, de hecho, según la Asociación Española del Gas (SEDIGAS) podría convertirse en la tercera potencia de Europa en gases renovables, sólo por detrás de Francia y Alemania. En este sentido, en el recientemente publicado informe “El biogás y el biometano como palanca clave en la descarbonización de la economía española”, producido por PwC, Ciemat y la Fundación Naturgy, se identifica un potencial actual de generación de biogás suficiente para cubrir cerca del 10% de la demanda actual de gas natural de nuestro país. Adicionalmente a estos datos, si miramos hacia el futuro, la propia Comisión Europea, en su informe «Impact of the use of the biomethane and hydrogen potential on trans-European infrastructure», publicado en el año 2020, ya establecía que el potencial de generación de biometano en España para el año 2050 ronda los 120 TWh anuales, lo que supondría cerca del 30% de la demanda actual de gas natural.
Sin embargo, la realidad actual es que España cuenta con menos de una decena de plantas de generación de biometano. La Hoja de Ruta del Biogás, recientemente publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es sin duda un avance en la buena dirección, estableciendo premisas que permitan tener un marco legislativo estable que favorezca el desarrollo del sector. Sin embargo, dicho documento establece como objetivo que el biometano suponga un 1% del gas consumido por la red de gas natural en España para el año 2030: un objetivo poco ambicioso y enormemente alejado de nuestro potencial actual, de los objetivos de países de nuestro entorno (Francia: 10%; Alemania: 20%) y del propio objetivo que la Comisión Europea ha marcado para nuestro país (30%, en 2050).
¿Qué hace falta para convertir este potencial en una realidad? Lógicamente resulta fundamental invertir en la construcción de plantas de tratamiento para obtener biometano a partir de los residuos orgánicos. Para fomentar las inversiones desde el sector privado, las empresas deben disponer, necesariamente, de la máxima seguridad jurídica y de un marco normativo, claro y predecible, que permita el desarrollo de proyectos que tienen un periodo de retorno largo, reconociendo además el valor sostenible y de reducción de emisiones que presenta el biometano frente el gas de origen fósil. Asimismo, y como ya se identifica en el documento REPowerEU, es imperativa una mayor agilidad administrativa en la resolución de los expedientes y en las autorizaciones que faciliten la conexión a la red gasista y que en definitiva permitan poner en marcha los proyectos ahora, que es cuando más los necesitamos.
El sector privado dispone del know-how sobre las tecnologías disponibles y tiene la capacidad de movilizar los recursos económicos necesarios, siempre y cuando reciba los incentivos adecuados para fomentar las imprescindibles inversiones. Los proyectos se pueden promover tanto de un punto de vista meramente privado, como fomentando la colaboración público-privada, mediante contratos de concesión y similares, en los cuales los socios privados asuman la deuda y los riesgos inherentes a la construcción y operación de las nuevas instalaciones así como la comercialización del biometano, reduciendo de esta forma las toneladas de residuos que acaban en el vertedero y avanzando, con pasos decididos, en el irreversible camino hacia la economía circular.
En definitiva, lo que el sector privado está demandando no son subvenciones para acometer estas inversiones -aunque a nadie se le escapa que los fondos NextGen suponen una oportunidad sin parangón para crear en España esta nueva industria- sino un marco legislativo estable que incorpore un sistema de garantías de origen equiparable al europeo, una tramitación administrativa más rápida y el establecimiento de cuotas de consumo más ambiciosas.
Es por tanto evidente que cualquiera de las posibles combinaciones deberá incluir, indiscutiblemente, la conversión de una buena parte de los biorresiduos que generamos en gas natural renovable. Solo mediante un enfoque que combine ambiciosas soluciones, complementarias entre sí, podremos afrontar con garantías los compromisos adquiridos por todos los estados miembros de la UE en materia de Economía Circular y ayudar a resolver el enorme desafío energético en el que estamos inmersos. El plan de acción es viable y su ejecución depende de todos nosotros: seamos ambiciosos y hagámoslo una realidad.
Tribuna publicada en el Especial de Bioenergía 2022 de Retema.
Gonzalo Cañete
PUBLICADA EL 14 DE OCTUBRE DE 2022
