Artículo publicado en ENFOQUE, la revista corporativa de PreZero España distribuida junto con RETEMA.
Aunque los residuos municipales apenas representan una décima parte de los aproximadamente 2.100 millones de toneladas generadas cada año en la Unión Europea, su tratamiento plantea retos más significativos de lo que, a simple vista, parece indicar esa fracción.
Los motivos radican, por un lado, en la complejidad de su naturaleza y composición, las múltiples fuentes que los originan y su estrecho vínculo con nuestros patrones de consumo. Por otro, su importancia se deriva de su enorme valor potencial, teniendo en consideración que en torno al 80% de toda la basura originada en nuestras casas puede reciclarse.
Esa décima parte del total de residuos -a escala europea- es inferior a lo que ocurre en España. Entre los 138 millones de toneladas de residuos que generó la economía española en 2021, unos 23 millones (16,6%) tienen la consideración de residuos municipales.
¿A qué nos referimos con esta clasificación? Según la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se trata de «los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada de origen doméstico, incluidos papel y cartón, vidrio, metales, plásticos, biorresiduos, madera, textiles, envases, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de pilas y acumuladores, residuos peligrosos del hogar y residuos voluminosos, incluidos los colchones y los muebles», así como «los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada procedentes de otras fuentes, cuando esos residuos sean similares en naturaleza y composición a los residuos de origen doméstico».
En este contexto, España debe dar un salto cualitativo en los próximos años a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos a los que está comprometida como miembro de la Unión. Mientras que nuestra ratio de reciclado de residuos municipales ronda actualmente el 40%, la UE hace varios años que fijó para 2020 -cuando la media europea era del 48%- un porcentaje mínimo del 50%. Para 2025, el objetivo comunitario indica que todos los países deberán reciclar, al menos, el 55%.
Aún más reveladora es la ratio de residuos enviados al vertedero: el 50% en 2020 -la mitad de todos los residuos municipales- frente al mandato de la UE de no superar el 10% más allá de 2035.
¿Qué solución debemos dar a estos retos? En primer lugar, es imprescindible incentivar la colaboración ciudadana como el principal pilar de nuestro sistema de recogida selectiva en origen, es decir, el proceso de separación de los residuos y su depósito en diferentes contenedores para que éstos puedan sean recogidos y, posteriormente, reciclados.
La experiencia acumulada durante décadas demuestra que la participación y la colaboración de los ciudadanos, de forma mayoritaria, es satisfactoria. Una referencia reciente puede tomarse en la ciudad de Madrid, que ha conseguido llegar a los 65 kilos por habitante/año de biorresiduos en apenas cinco años desde que implantara la recogida selectiva de esta fracción.
Sin embargo, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la recogida selectiva a nivel nacional se sitúa en torno al 17,7% de los residuos sólidos urbanos. Entre las fracciones principales recogidas selectivamente, destacan el papel y el cartón (27,1%); el residuo orgánico (25,6%) -incluyendo biodegradables de cocinas y restaurantes y la fracción vegetal procedente de parques y jardines-, los envases de vidrio (21,2%) y los envases mezclados (18,8%). Sumando a esta ratio de recogida selectiva el 3% aproximado de residuos voluminosos, la fracción resto ronda el 80% del total (79,3%).
Además del mandato de limitar al 10% los residuos municipales que podrán depositarse en vertederos en 2035, entre las directivas pensadas para alcanzar ese año un reciclaje mínimo del 65% destacan la implantación obligatoria de la recogida separada de biorresiduos antes del 31 de diciembre de 2023 y la limitación, a partir del 2027, de considerar únicamente la fracción orgánica que se recoja selectivamente para el cálculo de la tasa de reciclaje.
Así como incentivar de manera decidida la recogida selectiva, la implantación de otras soluciones para la fracción resto como alternativas viables al depósito en vertedero es imperativa. Éste es uno de los objetivos en los que incide la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, utilizando la fiscalidad verde para acelerar esta transición en nuestro país, gravando los envases de plástico de un solo uso, por un lado, y aplicando el principio de quien contamina paga con un nuevo impuesto para superar la situación actual -en la que el depósito en vertedero resulta muy barato-, armonizar las condiciones en todo el territorio español y fomentar otros tratamientos superiores en la jerarquía de residuos.
Tal como ha ocurrido en los países europeos de referencia en economía circular, la tecnología fundamental para reducir de manera drástica el uso del vertedero no es otra que la valorización energética -incineración con generación de energía-, una práctica muy extendida en países como Alemania, Francia o Países Bajos, donde estas instalaciones aseguran un impacto medioambiental muy inferior al causado por los propios vertederos.
Respecto al previsible aumento de la recogida selectiva de la fracción orgánica, son imprescindibles nuevas inversiones para favorecer la autosuficiencia regional a la hora de tratar los residuos biológicos, con la puesta en marcha de nuevas instalaciones de compostaje y digestión anaerobia, pues las existentes actualmente a nivel nacional resultan insuficientes.
En este sentido, teniendo en cuenta que los biorresiduos suponen hoy entre el 30 y 40% de la totalidad de los desechos urbanos, España tiene una oportunidad única para convertirse en una potencia europea en la generación de biometano, reduciendo al mismo tiempo las importaciones de gas de origen fósil.
A través de un proceso de purificación o limpieza -denominado upgrading, mucho más eficaz que el proceso de generación eléctrica-, el biogás generado por la transformación de los biorresiduos, mediante la digestión anaerobia, se transforma en un gas equivalente energéticamente al gas natural, de origen renovable, perfectamente disponible para ser inyectado en la red gasista.
Según la Asociación Española del Gas (SEDIGAS), España podría convertirse en la tercera potencia de Europa en gases renovables, sólo por detrás de Francia y Alemania, para lo cual es imprescindible un marco legislativo estable, la tramitación administrativa ágil de los proyectos y los incentivos adecuados para que el sector privado se decida a invertir en las instalaciones necesarias.
La propia Comisión Europea, en su informe Impact of the use of the biomethane and hydrogen potential on trans-European infrastructure, calcula el potencial de generación de biometano en España en 2050 en torno a los 120 TWh anuales, es decir, el 30% de la demanda actual de gas natural.
En definitiva, sólo mediante un enfoque polifacético, que combine soluciones ambiciosas y complementarias entre sí podrá España afrontar sus compromisos con la UE. Y deberá hacerlo, en cualquier caso, con un tratamiento adecuado de los residuos municipales.
